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Yolanda Díaz lanza FUERTES DENUNCIAS contra empresas españolas que ¡EXPLOTAN A JÓVENES!

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la denominada Garantía Juvenil Plus para el periodo 2021-2027, la hoja de ruta con la que el Gobierno pretende paliar los problemas estructurales de los trabajadores más jóvenes (entre 16 y 30 años) en el mercado laboral, en especial las dificultades para encontrar un empleo, la precariedad y la inestabilidad.

La vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo que se trata de “la mayor inversión del Gobierno en la historia de la democracia en el desempleo de los jóvenes en España”. En concreto, la Garantía Juvenil estará financiada con casi 3.000 millones de euros, aunque la estrategia de lucha contra el desempleo juvenil en general (Juventud Avanza, en la que se enmarca el plan aprobado este martes) recibirá una financiación total de casi 5.000 millones.

Durante su comparecencia, Díaz ha querido mandar un mensaje a las empresas españolas, a las que ha pedido que se involucren en esa lucha contra la precariedad de los trabajadores jóvenes: “Pido implicación de las empresas, cambiar la cultura empresarial para alcanzar la calidad en el empleo y retorno de los jóvenes. No podemos tener a jóvenes con contratos de 476 euros. Esto habla muy mal de las empresas españolas”, ha dicho.

Si tenemos trabajos precarios”, ha continuado, “tenemos empresas precarias. Necesitamos jóvenes incorporados al mercado de trabajo, pero con condiciones dignas”. La Garantía Juvenil es uno de los mecanismos que la Vicepresidencia de Trabajo quiere poner en marcha para desarrollar un cambio radical en las políticas públicas para luchar contra el desempleo.

El objetivo del departamento dirigido por Yolanda Díaz es el de acabar con los enfoques que estigmatizan a los desempleados, descargando la culpa del desempleo en ellos, para avanzar hacia un modelo en el que las instituciones públicas asuman su responsabilidad y se hagan cargo de la situación. Para ello, Trabajo quiere impulsar la orientación personalizada para que cada trabajador, en este caso los más jóvenes, puedan acceder a itinerarios personalizados e individuales que deriven con la máxima garantía posible en una oportunidad de empleo.

Reforma para reducir la temporalidad de los contratos

“Queremos formalizar las transiciones entre el mundo de la formación y el de la empresa. Hay dos factores claves en España: hay una parte de la población joven, menores de 30, con escasa formación; pero también hay un porcentaje muy elevado de jóvenes con cualificación excelente. Estos dos extremos están operando como un factor de expulsión del mercado de trabajo a día de hoy“, ha advertido la vicepresidenta tercera.

La financiación concreta de los distintos planes y estrategias es de 4.950 millones de euros que se desglosan de la siguiente manera: 3.263 millones para la Garantía Juvenil Plus (2021-2027), a través del Fondo Social Europeo; 765 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los tres programas de empleo juvenil que pone en marcha Trabajo (330 millones para el programa Primeras Experiencias Profesionales; 315 millones para el programa Investigo; y 120 millones para el programa Tándem); 600 millones para programas de formación en alternancia con el empleo; 172 millones para otras inversiones del plan de recuperación; y 150 millones para el Convenio con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La ministra también ha recordado que su departamento está trabajando en una “reforma sustancial” del contrato temporal para evitar que las empresas abusen de modalidades contractuales que generan precariedad e inestabilidad en el empleo: “El modelo es brutal y sí, vamos a estar ante una reforma de fondo, de calado, vamos a reducir la temporalidad de los contratos, que es la gran anomalía española. Solo se puede acudir a la temporalidad cuando exista una causa que la justifique”, ha explicado Díaz.

En concreto, la vicepresidenta tercera se ha referido al abuso de los contratos de obra y servicio y los eventuales por circunstancias de la producción, una situación que, ha recordado, ha sido denunciada incluso por el Tribunal Supremo.

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